Leí el verano pasado un artículo en El País: "Sin casa por sentencia" y se subtitulaba: "Una familia con dos hijos tiene que abandonar su piso tras perder un pleito con el Ivima". Me sobrecogió que el mismo artículo afirmase que había más de 4000 deshaucios al año, bastante porcentaje de vivienda social.
En el medio donde ejerzo, el barrio de Leganés Norte, hay un elevado número de familias que ocupan pisos de alquiler del instituto Madrileño de la Vivienda. La mayoría de las familias provienen de infraviviendas, aunque por lo que cuentan en consulta hay también personas mayores que ocupaban viviendas del centro de Madrid sin condiciones, sin ascensor, en suma demasiado incómodas para personas que van perdiendo facultades. También otras son mujeres víctima de la violencia de género y expropiados de sus propiedades por desarrollos urbanísticos. El grueso son familias que presentaron sus peticiones y una alta puntuación en un baremo que recoge cuestiones económicas, sociales y familiares. No conozco más zonas donde se hayan construido viviendas sociales, así que mi análisis es muy circunscrito.
Foto de la familia Romero-Alonso tomada del artículo de El País, publicada por este periódico el 20 de agosto pasado. La familia es de Puente de Vallecas y tenían una vivienda en alquiler, procedían del desalojo de una propiedad ocupada ilegalmente. El País, 20 de agosto de 2007
Dar y quitar: una crueldad:
Es pavoroso pensar que hay tantos miles de desahucios, y en el caso del Instituto Madrileño son varios cientos, lo que quiere decir que esta población frágil a la que se da acceso a la vivienda tiene también un riesgo de perderla, quizá por impagos o por otras razones que intuyo están entre las mismas causas por las que se les conceden en condiciones muy ventajosas los alquileres de las viviendas del Ivima.
El instituto madrileño no fue creado para la tortura de las familias sino para resolver problemas de vivienda, ofrecida en condiciones increíbles de alquiler y alquiler con derecho a compra. No todo el mundo puede acceder a estas viviendas y resulta una paradoja cruel que por los mismos motivos se conceda una vivienda, esto es, porque hay un problema económico, socia y familiar, quizá de salud mental que hace que no se gestionen bien los recursos familiares, y cuando la familia con problemas los sigue teniendo, se denuncie y desahucie a la familia. Falta un eslabón y es la atención al problema de gestión, la solución o ayuda para que la insuficiencia en el manejo de su economía o de la situación social y familiar se arregle de verdad.
Las cuotas o alquileres que pagan a veces las familias realojadas son muy pequeñas y están negociadas y renegociadas hasta ser un 70% más bajas que las iniciales y aún así se impagan y producen deudas asfixiantes. ¿es que nadie se ha dado cuenta de que si solo maquillamos los efectos de una deficiencia en la gestión de los recursos pero no las causas, no se está solucionando nada?
Muchas familias se acogen a esta ayuda de vivienda y se las arreglan perfectamente con esta oportunidad única. En otros casos hay impagos y opino que pueden explicarse al menos algunos de éstos casos de impagos de alquileres pequeños por la presencia de enfermedad mental. Los desequilibrios pueden hacer que las personas pierdan sus casas, igual que a veces hacen que no puedan acceder por su cuenta a tener un hogar. Algunas enfermedades hacen que las personas se crean invulnerables a las normas, que crean que tienen derecho al "gratis total", personalidades narcisistas, a veces llegando a la neurosis narcisista. Esto pone en peligro su patrimonio, por ejemplo en las fases maniacas del trastorno bipolar, depresiones o trastornos de la personalidad.
Que los jueces actuen:
Me gustaría que con la finalidad de acabar con esta espiral paradógica en la que damos una ayuda para personas que "no se apañan" y luego les desahuciamos porque "no se apañan". Quisiera que la administración de Justicia tomara algunas medidas. Se podrían peritar mediante psiquiatras forenses que dictaminen entre los demandados por impagos y querulantes por múltiples peticiones de recursos y ventajas sociales descubriendo aquellos que están enfermos. Las enfermedades graves que causan morosidad suelen estar diagnosticadas y los abogados defensores las manejan como atenuantes, eximentes o mayor baremación, pero hay entidades menos graves que no son tan evidentes como los que padecen neurosis de renta, algunos trastornos de la personalidad y los simuladores. El diagnóstico de estas personas es importantísimo y más obrar en consecuencia tutelándoles parcialmente su manejo en materia de vivienda o económico. Diagnosticar y actuar tutelando puede ser un ahorro para la sociedad en querellas y protestas mal dirigidas que no solucionan nada pero lo más importante es evitar la fractura social e imágenes como la de la familia Romero Alonso fuera de su casa.
Una epidemia está en camino:
En cualquier caso la situación de crisis que empieza a barruntarse podría traer una verdaera epidemia de casos de desahucio de familias en la pobreza que viven en régimen de alquiler de viviendas sociales, aunque es posible también que los problemas económicos afecten a muchos otros y que eso nos distraiga de la solución de los casos más frágiles. La cuestión es que los impagos de cantidades muy pequeñas pueden esconder enfermedad o alteraciones menores de la personalidad y habría que actuar corrigiendo causas, no consecuencias. Ojalá como regalo de Reyes nos diéramos cuenta de lo importante de ir a por las causas.
